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  • Gabriel Mesa

Actualizado: abr 5


Permitir a los particulares participar, en igualdad de condiciones con los gobiernos, en la toma de las principales decisiones a este nivel aun resulta revolucionario y supuso para Colombia, desde el mismo momento en que ratificó la Constitución de la OIT en 1919, una sutil aunque profunda enmienda a su propia Carta Política, tanto la de 1886 como la de 1991, en el sentido que tratándose de la OIT el Presidente de la República no es quien “dirige las relaciones internacionales” como lo estipula el numeral 2º del artículo 189 actual, sino que dicha atribución forzosamente debe ser compartida con los trabajadores y empleadores. En efecto, ningún otro organismo internacional ha llegado aun, a esto que bien podríamos llamar la última frontera de la democracia participativa, democracia que no se agota en la participación en las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo sino que se hace extensiva, por ejemplo, al proceso de elaboración de las normas que ésta adopta.


Pero lo más dramático de tal situación radica en el hecho que dicha participación no depende de la voluntad del gobierno; por el contrario, éste se encuentra compelido a permitir que prevalezca la autonomía de que gozan los trabajadores y los empleadores organizados, en lo tocante a la determinación de quiénes serán quienes los representen en la OIT, decisión que no puede ser siquiera cuestionada por el Ejecutivo so pena de verse avocado a rendir explicaciones a la Comisión de Verificación de Poderes, que constituye la Conferencia para atender las denuncias relacionadas con este tipo de situaciones.

Así las cosas, en lo que hace a la integración de la delegación del Estado a la Conferencia, compuesta de dos delegados gubernamentales, un delegado por los trabajadores y otro por los empleadores, con sus respectivos asesores técnicos (dos por cada delegado por cada punto del orden del día), el numeral 5º del artículo 3º de la Constitución es claro al establecer que “los Miembros se obligan a designar (esto es, incorporar en el respectivo acto del Ejecutivo -en nuestro caso el decreto mediante en cual se integra la delegación-) a los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de trabajadores, según sea el caso…”.

Pero el gobierno no goza siquiera de la discrecionalidad para establecer cuáles son las organizaciones más representativas, a pesar de lo que las apariencias evidencien; esto es, no le es dable al gobierno considerar que, por ejemplo, tratándose de los empleadores la Andi es la más representativa, o la CUT la de los trabajadores; ello a pesar de las evidencias a favor de cada una de ellas tales como número de afiliados, patrimonio, número de empleados, etc. En otras palabras, no obstante tratarse de un “hecho notorio”. Hacerlo, decidir que por esas razones tales organizaciones son las más representativas, equivaldría a desconocer la autonomía plena de la voluntad de las propias organizaciones de unos y otros para adoptar tal determinación. De igual modo, el gobierno está obligado a incorporar en el decreto mediante el cual integra la delegación, a los delegados y consejeros que autónomamente hayan decididos unos y otros incluso si algunos de ellos resultan contrarios a la posición política del gobierno.

Algo semejante ocurre con el proceso de elaboración de las normas internacionales del trabajo, como se explicará en próximas columnas.

Publicado en La República.

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  • Gabriel Mesa

Actualizado: abr 5


Si hoy nos quejamos de cómo está el mundo, en 1917, hace apenas cien años, el asunto era verdaderamente caótico. Europa se encontraba inmersa en la que ha sido llamada la Primera Guerra Mundial y en la cual los civilizados europeos volvieron a demostrar de lo que han sido capaces cuando de ser violentos se trata.

En medio de ese mundo convulso y hostil, signado además por la gravísima situación económica producto de la conflagración, algunos trabajadores y dirigentes sindicales visionarios se hallaban enfrascados en su propia lucha por sacar adelante una organización internacional relativa a los temas laborales.

Los antecedentes de otras iniciativas en tal sentido y el mismo contexto en el cual iba a ser propuesta no eran propicios para este propósito. En cuanto a los primeros, tanto los empresarios como los gobiernos ya habían fallado en los intentos llevados a cabo en diferentes épocas de la historia para hacer realidad el deseo de una reglamentación internacional de los asuntos laborales. En cuanto a lo segundo, la guerra no facilitaba un propósito tan ajeno a los asuntos militares. Ello no fue óbice, sin embargo, para los decididos trabajadores y dirigentes sindicales que se habían comprometido con este anhelo, algunos de ellos inspirados al parecer por la entonces aún recién adoptada Encíclica Rerum Novarum (1891) y preocupados por los planteamientos del marxismo que día a día encontraba más adeptos en Europa. Tampoco ayudaba la inexistencia de experiencias previas de la humanidad en lo tocante a creación de organizaciones internacionales con vocación universal tales como a las que hoy estamos acostumbrados; el mundo entonces distaba mucho de la pléyade de organizaciones, comités, bloques, alianzas, etc. que hoy en día conforman -deberíamos tal vez decir ¿saturan?- el horizonte político global.

A pesar de todo, estos obreros y sindicalistas, soportados en la resistencia y tozudez propia de los operarios acostumbrados a enfrentar y superar la adversidad, se metieron de lleno en hacer realidad su sueño. Y decidieron ser revolucionarios pero, por fortuna, no en el sentido marxista del término sino en el de aquellos visionarios con capacidad de transformar el mundo sin necesidad de acudir a la violencia; cuánto más meritorio puesto que el fantasma que rondaba a Europa, y que luego terminó apoderándose de más de la mitad de ella y al cual ellos finalmente se enfrentaban, era justamente eso lo que predicaba: violencia y más violencia (la “partera de la Revolución”), sangre, lucha de clases. No la tenían fácil.

La primera decisión revolucionaria fue justamente concebir una organización internacional multilateral con alcance global. El antecedente que existía, una pequeña organización que adoptó algunos convenios no tenía los cimientos ni la perspectiva para sobrevivir a eventos como la Primera Guerra Mundial, tal y como terminó por ocurrir.

Luego su efímera existencia no priva de mérito la visión de los creadores de la OIT. La segunda decisión fue más allá de lo aún hoy existe: decidieron que los representantes de los estados miembros de esa organización no fueran solamente los gobiernos; otorgaron poder a los ciudadanos -trabajadores y empleadores- para que conjuntamente, y en igualdad de condiciones con aquellos, adoptaran decisiones en el seno de la misma. Ello constituye un fascinante anatema que jamás se volvió a repetir.

Publicado en La República.

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  • Gabriel Mesa

Actualizado: abr 5


Pareciera tratarse de la columna políticamente incorrecta por antonomasia, cual si fuera a revelar escandalosos secretos que sacudirían los cimientos mismos de la OIT. Se trata, por el contrario, de dar publicidad a algunos aspectos de la historia de la OIT verdaderamente influyentes en la actual configuración de la geografía política del mundo, respecto de los cuales la organización, poco amiga del protagonismo, no acostumbra mencionar.

El asunto se remonta a los orígenes mismos de la Organización, que nace apenas dos años después de la Revolución de Octubre que instauró el comunismo en Rusia y luego en varios países del mundo. Frente a un discurso basado en la dialéctica marxista del capital versus el trabajo, que se traducía en la lucha de clases, la violencia como partera de la revolución, la abolición del Estado liberal burgués y la final implantación de la dictadura del proletariado, la OIT propuso a la humanidad un discurso basado en una dialéctica relativamente similar a la marxista pero con rostro humano y práctico: la confrontación entre los intereses de los trabajadores y de los empresarios, superable por vía del tripartismo, esto es, reconocer a los trabajadores y a los empleadores la autonomía necesaria para conformar las organizaciones que a tal fin considerasen convenientes y confluir así en el Diálogo Social como vehículo insustituible para llevar a cabo la necesaria y saludable confrontación de dichos intereses.

El derecho de asociación así concebido se diferenciaba por completo del mal denominado derecho de asociación vigente en los países de la Cortina de Hierro, que venía a ser la expresión de la sumisión total del individuo al régimen, no siendo admisible la existencia de sindicatos por fuera de los dictados del partido, en un todo contrario con la amplitud reconocida por el artículo 2º del convenio en cuestión. El caso del sindicato Solidaridad en Polonia constituyó un momento crucial de la historia de la OIT y contribuyó al fin del comunismo sin llegar a cuestionarlo desde el punto de vista político.

Usualmente la historia de la caída del Muro de Berlín y el consecuente desplome de los regímenes comunistas se ha atribuido a la gesta de dos personajes del siglo XX, el Papa Juan Pablo Segundo y el presidente Estados Unidos Ronald Reagan. Sin embargo, un actor jugó papel crucial en este momento histórico: El Comité de Libertad Sindical de la OIT, al cual llegó la denuncia formulada por Solidaridad contra el gobierno de su país por violación al Convenio número 87, dados los múltiples problemas afrontados tanto por el sindicato como por lo sindicalistas, que iban desde la negativa al registro de la misma hasta las persecuciones policiacas y los encarcelamientos. Hay quienes afirman que la izquierda en el poder es lo mejor que hay para negar lo que demanda cuando no tiene el poder. Exactamente eso ocurría con la libertad de reunión, de palabra y de asociación en la Polonia de la época del señor Lech Walesa. El Partido omnipresente no admitía la existencia de una organización sindical por fuera de él y, en consecuencia, debería caerle a ella y a sus miembros todo el peso de la ley.

Pues bien, el Comité se avocó al conocimiento de la queja y recomendó al gobierno que, independientemente del régimen político de que se tratara, diera aplicación al Convenio 87 y reconociera a Solidaridad. El pronunciamiento del Comité, aprobado por el Consejo de Administración, como es natural, constituyó el puntillazo final al régimen. Sin embargo, es una historia que solo se cuenta discretamente en algunos de los largos pasillos del edificio de la OIT en Ginebra.

Publicado en La República. Haga clic aquí para ver el artículo original.


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