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  • Gabriel Mesa

Actualizado: 5 de abr de 2020


La Comisión lleva a cabo una doble labor interpretativa, de un lado, respecto de la legislación de origen interno cuyo contenido y alcance debe escrutar a efectos de contrastarla con las normas pertinentes de la organización. Del otro, la hermenéutica que debe llevar a cabo en relación con los convenios adoptados.

En relación con esta última, gravitó siempre el artículo 37 de la Constitución, según el cual a la Corte Internacional de Justicia corresponde resolver las dificultades relativas a la interpretación de los convenios, para generar suficientes interrogantes respecto de la naturaleza jurídica de las interpretaciones de la Comisión, contenidos en los comentarios formulados a los Miembros en la Memoria anual.

El asunto quedó zanjado como consecuencia de la profunda crisis del sistema de control ocurrida un par de años atrás y que concluyó con la afirmación formulada por la Comisión en su Informe de 2014 precisando la naturaleza voluntaria de dichas afirmaciones, esto es, no vinculantes jurídicamente para los Miembros.

Ahora nos interesa enfocarnos en un punto de especial importancia. Me refiero a la “agenda” de la Comisión, entendiendo por ella, el alcance práctico de sus interpretaciones.

Para ello nos resulta útil el debate surgido y sostenido con el gobierno colombiano entre 2006 y 2014 en relación con las cooperativas de trabajo asociado, que demuestra lo que a nuestro entender fue una manipulación propuesta por los sindicatos para la cual no se prestó la Comisión. En 2006 los sindicatos formularon comentarios a la Memoria del gobierno relativa al convenio número 87 y se refirieron a la utilización de diversas figuras contractuales, como las cooperativas de trabajo asociado, para encubrir verdaderas relaciones de trabajo afirmando que “se utilizan para efectuar funciones o tareas propias del giro normal de actividades de la entidad y en virtud de los cuales no se permite a los trabajadores constituir sindicatos o afiliarse a ellos”, tomado del informe de la Comisión.

De todos es conocido el silencio del convenio 87 en relación con las formas contractuales laborales y que de hecho no existe un instrumento de la OIT relativo a tal asunto, como para que los sindicatos vinieran a plantear ante la organización su discurso relativo a las actividades misionales, discurso dictado desde escritorios ubicados en Estados Unidos y que por esa razón ha calado profundamente en nuestros funcionarios.

La Comisión, por el contrario, no asume el discurso sindical, tal como quedó planteado en los comentarios formulados, entre otros, en el informe de 2008 “la Comisión reitera que cuando los trabajadores de las cooperativas u otros tipos de contratos civiles o comerciales deben efectuar tareas propias del giro normal de actividades de la entidad en relación de subordinación, deben ser considerados como empleados en una verdadera relación de trabajo y en consecuencia deben gozar del derecho de afiliación sindical”.

No ha señalado la Comisión como conducta violatoria del convenio 87 la ejecución de las labores misionales de las empresas por personal que no esté directamente contratado por ellas, como ahora pretenden hacerlo ver algunos interesados en cercenar la libre iniciativa empresarial prevista en nuestra Constitución Política. Lo que interesa a la Comisión es, en últimas, el ejercicio de la libertad sindical y el derecho de asociación para todos los trabajadores.

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  • Gabriel Mesa

Actualizado: 5 de abr de 2020


La Constitución de la OIT impone a los miembros de la Organización la obligación de informar periódicamente acerca de las medidas adoptadas por ellos, para “hacer efectivas las disposiciones” de los convenios ratificados (artículo 19), esto es, para darles aplicación plena, las cuales incluyen no solamente las normas expedidas, sino también las sentencias judiciales e incluso, los convenios colectivos, obligación que se surte por medio de las Memorias.

A este reporte que opera de oficio, se agrega la posibilidad de que gozan las organizaciones de trabajadores y de empleadores de formular observaciones acerca de dichas memorias, en las cuales, particularmente las de trabajadores, exponen situaciones presuntamente violatorias de los convenios a los que se refiere la memoria, asunto este lógico por cuanto los mecanismos que integran el sistema de control de la OIT apuntan a verificar que tanto en la legislación como en la práctica, se de efectivo cumplimiento a las disposiciones de los convenios ratificados por los miembros.

La Comisión se pronuncia en un Informe anual en el cual expresa sus comentarios los cuales son de dos tipos: las observaciones, y las solicitudes directas. Aquellas constituyen “escritos que tratan de la aplicación de un convenio de la OIT que ha sido ratificado” por el miembro, usualmente divergencias entre la norma de origen interno y el convenio. Estas se refieren a “cuestiones de importancia secundaria ó técnicas”. Interesa, a los efectos de esta columna, hacer énfasis en el trabajo interpretativo llevado a cabo por la comisión, en cual se predica tanto de las normas de origen nacional como de las normas internacionales.

Como es fácil apreciar, se trata de una tarea monumental en todo el sentido de la palabra, poco común en lo que podríamos denominar impropiamente el sistema normativo internacional, y pródiga en resultados, como lo demuestra el abultado corpus doctrinario producido a lo largo de los años en materias tan sensibles como la libertad sindical, el derecho de asociación y el derecho de huelga, corpus que ha servido de inspiración a innúmeras legislaciones alrededor del mundo, incluyendo Colombia, para robustecer sus legislaciones en esas materias.

Es el caso de la Ley 50 de 1990, despotricada unánimemente por las organizaciones sindicales colombianas y en general por la izquierda, cuyo contenido y orientación fueron producto de la asistencia técnica prestada por la OIT al país y mediante la cual se derogaron múltiples artículos del Código Sustantivo del Trabajo que pugnaban con ese corpus doctrinario de la comisión de expertos y su forma de entender los convenios 87 y 98.

A pesar del odio visceral y la descalificación que de ésta ley han hecho, su importancia fue tal que en 1994 la Comisión de Expertos decidió señalar a Colombia como un caso universal de progreso en materia de normatividad relativa a la libertad sindical y los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga. Y esto ocurrió, en efecto, no obstante que la narrativa construida por la izquierda sobre libertad sindical en Colombia hace difícil creerlo.

Finalmente, la ley que atribuyó competencia a los tribunales para declarar la ilegalidad de la huelga es también el resultado de la participación de la comisión de expertos en el sistema de control de la OIT y demuestra el impacto decisivo de ésta en la actual arquitectura del derecho laboral colectivo colombiano.

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  • Gabriel Mesa

Actualizado: 5 de abr de 2020


Como todo organismo internacional que se respete, también la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuenta con un grupo altamente especializado de personas de muy alto perfil, encargados de participar de las labores de verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los miembros de la organización. Se trata de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

La Comisión hace parte del complejo y muy completo sistema de control con que cuenta la OIT para hacer un detallado seguimiento tanto a la legislación como a la práctica de los miembros, y al cual nos hemos referido en ocasiones anteriores.

En efecto, son cuatro los mecanismos que componen dicho sistema de control, uno de los cuales, el de “control regular”, como usualmente suele llamársele, opera de oficio y con base en las “memorias”, que en cumplimiento del artículo 22 de la Constitución de la OIT deben remitir periódicamente los miembros, a efectos de indicar y explicar las medidas adoptadas para “poner en ejecución los convenios a los cuales haya adherido”; en otras palabras, la comisión “ se pronuncia sobre las conformidad jurídica de la legislación y la práctica de los Estados miembros de la Organización con el derecho internacional del trabajo”.

Con base en dichas memorias el Director de la OIT debe presentar un Informe contentivo de tales informaciones. La magnitud de la tarea, atendiendo el creciente número de miembros, de convenios adoptados y ratificados, llevó muy pronto a la necesidad de crear un órgano con la función específica de estudiar las memorias y elaborar el respectivo informe.

La Conferencia Internacional del Trabajo, órgano máximo de la OIT y que venía cumpliendo el cometido de estudiar y debatir las memorias, adoptó una resolución en 1926 creando la Comisión, la cual ha venido a convertirse, con el transcurrir de los años, en una de las piedras angulares del sistema de control de la Organización.

Resulta interesante observar que la Comisión no es tripartita, esto es, no cuenta en su seno con representantes de los trabajadores, los empleadores y los gobiernos, como sí ocurre con los diversos órganos de la OIT y en particular con aquellos otros que hacen parte del sistema de control, motivo por el cual parecería poderse afirmar que el Consejo de Administración optó por dar prelación a la expertise por sobre el tripartismo mismo. No obstante, no ha sido para nada cuestionable esta acertada decisión, que se ha traducido en una Comisión de carácter eminentemente técnico cuyos pronunciamientos, comentarios, se han traducido en un robustecimiento justamente del tripartismo.

La Comisión está integrada por juristas independientes y de reconocido prestigio en el mundo del derecho laboral, propuestos por el Director General y nombrados por el Consejo de Administración por periodos renovables de tres años.

Fernando Uribe Restrepo, quien fuera presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia (1985-1987), fue miembro de la Comisión de Expertos y ha sido el único colombiano que nos ha dado ese honor. Sea esta breve referencia un homenaje a su memoria.

No pueden los miembros de la Comisión ejercer cargos gubernamentales en sus respectivos países ni desempeñar funciones en las organizaciones de trabajadores y empleadores, puesto ello haría imposible la independencia e imparcialidad necesarias para su labor.

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