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  • Gabriel Mesa

Actualizado: 5 de abr de 2020


El procedimiento a seguir ante el comité es bastante informal y, lamentablemente, no se encuentra contenido en un instrumento internacional que lo regule, de suerte que ha sido la práctica internacional la que le ha señalado los contornos que actualmente caracterizan a la institución.

Debido a ello se echan de menos reglas más claras en aspectos tales como la admisibilidad de las quejas. A lo anterior se suma que no existen recursos ni hay lugar para el debate probatorio pero, sobre todo, no está diseñado, como señalábamos en ocasión anterior, para posibilitar el debate en torno al uso de los precedentes de que se vale el propio Comité al pronunciarse sobre las quejas, con lo cual se despoja al procedimiento de un verdadero debate argumentativo jurídico y termina por hacer de él una discusión en torno a los elementos fácticos de las quejas.

Ello no es óbice, es lo absurdo, para que el comité, en sus conclusiones y recomendaciones, se valga de sus propios precedentes para fundamentarlas.

Las quejas deben ser presentadas por escrito firmado por el representante de la respectiva organización.

El comité ha rechazado las denuncias contenidas en escritos anónimos, con lo cual se evita el abuso y la mala fe en que podría incurrirse por parte de personas inescrupulosas.

Se espera que la queja contenga una descripción de los hechos que supuestamente constituyen vulneraciones a los convenios 87 y 98 relativos a la libertad sindical, sin que se demande de los querellantes estructurar argumentación jurídica alguna en torno al concepto o a las razones de la violación que se considera ocurrida.

Ello a pesar de contarse ya con un amplio corpus de pronunciamientos considerados por la OIT como principios, utilizados por el comité para fundamentar sus recomendaciones, que deberían servir de rasero para que los querellantes tuvieran que estructurar sus quejas de modo tal que el debate se orientara a determinar si en efecto los elementos fácticos del caso en particular resultan similares a los de casos anteriores y, en consecuencia, si resulta dable aplicar determinado principio, precedente, señalado por el comité.

En tanto, no se exige a los querellantes estructurar una argumentación jurídica en torno a los precedentes, no le es posible al querellado hacerlo, con lo cual se le priva en cierta forma del derecho al debido proceso por cuanto el comité sí hará uso de dichos precedentes al momento de pronunciarse.

En cuanto hace al aspecto probatorio del procedimiento, también resulta bastante informal, lindando en lo facilista. El comité ha establecido como regla, que los querellantes aportarán las pruebas “en la medida de lo posible”.

La razón para ello radica en las dificultades sufridas por algunas organizaciones de trabajadores y de empleadores para recaudar en sus países las pruebas que sirven de fundamento a sus alegatos. Esto es completamente entendible, piénsese nada más en un caso como el de Venezuela donde el régimen persigue despiadadamente a los empresarios; lo que no resulta comprensible es hacer de ella la regla general de procedimiento.

Resulta curioso pero el manual para la Defensa de la Libertad Sindical (2001), editado por la propia OIT, es más exigente puesto que señala que “se deberían acompañar las pruebas necesarias que demuestren las violaciones alegadas punto por punto”. Lamentablemente esto no es lo que exige el comité.

Publicado en La República. Haga clic aquí para ver el artículo original.


  • Gabriel Mesa

Actualizado: 5 de abr de 2020


En los países en los cuales opera el “case law” -derecho de origen jurisprudencial- se tiene como principio fundamental para la administración de justicia el de “similibus ad similia”, esto es, que los casos similares entre sí deben ser decididos de manera similar.

De modo semejante, aunque imperfecto, pareciera operar el Comité de Libertad Sindical, sin que esta afirmación implique que sus decisiones constituyen derecho para los miembros de la Organización, pero dada la exótica jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional en relación con los efectos en el derecho interno de dichas decisiones -Recomendaciones, debería abrirse el debate tendiente a analizar hasta qué punto el Comité opera con base en el case law y qué impacto tendría ello en el juez de tutela nacional, encargado de analizar si incorpora al ordenamiento interno una específica Recomendación.

Desde sus comienzos el Comité adoptó algunos principios a los cuales ha venido ciñéndose para resolver los casos que le han sido sometidos a su consideración a lo largo de los años, creando de este modo un robusto corpus. Una gran cantidad de tales principios han sido recopilados y publicados desde 1985 en la afamada Recopilación de Principios y Decisiones, editada siempre por la Oficina Internacional del Trabajo y cuya última edición data de 2006. A la par que enuncia cada uno de los más de setecientos principios, también incorpora una relación de varios de los casos en los cuales el Comité ha tenido la oportunidad de valerse de dichos principios para adoptar sus respectivas recomendaciones.

No obstante, jamás ha abierto el Comité el debate respecto de si considera el suyo un sistema de precedente vinculante o meramente persuasivo, quizás en razón justamente a que sus decisiones no constituyen derecho para los miembros (obvio la inútil discusión de nuestra Corte sobre el particular, no seguida por ningún otro tribunal en el mundo). No obstante, de la atenta lectura de los casos puede colegirse que el Comité se considera vinculado por el precedente -principio- decantado en sus anteriores casos, sin que se haya avocado jamás a considerar si existían razones de algún tipo por las cuales pudiera apartarse de un determinado precedente.

Conviene señalar que no obstante la recopilación de Principios y Decisiones editada por la OIT, no existe una recopilación de casos que permita a los interesados conocer los hechos de cada uno de ellos: “ no podemos ocuparnos aquí de reseñar todas las ocasiones en que los jueces se han pronunciado insistiendo en la importancia de otorgar la mayor atención posible a los hechos que sirvieron de fundamento a los precedentes que se invocan ante ellos”(Croos, 2012); lamentablemente la información respecto de éstos se encuentra bastante dispersa y, en todo caso, al ordenarla encontramos que la descripción de los mismos no necesariamente se ha hecho con el rigor necesario.

En el actual momento de reflexión en torno a las mejoras al sistema de control de la OIT y de evolución del Comité, podría considerarse la conveniencia de dar un paso adelante y exigir, como condición para analizar el fondo de las quejas, que quien presente una queja invoque el pertinente precedente derivado por el Comité, que considera violado, para con ello dar oportunidad a un debate más jurídico que el actual, que consiste simplemente en tratar de desvirtuar los hechos alegados por el querellante.

Hasta la vista


  • Gabriel Mesa

Actualizado: 5 de abr de 2020


De los órganos que integran el sistema de control de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Comité de Libertad Sindical pareciera seguir las reglas del precedente del common law en su modus operandi y toma de decisiones.

Dada la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a los efectos en nuestro ordenamiento jurídico de las recomendaciones emanadas del comité y del Consejo de Administración, resulta interesante estudiar si efectivamente este mecanismo sigue las reglas del precedente; de ello pueden surgir interesantes conclusiones respecto de la forma como nuestros jueces de tutela analizan y aplican dichas recomendaciones.

No obstante las enmiendas efectuadas a la constitución de la OIT con posterioridad a la creación del Comité a principios de la década de los cincuenta, nada dice del Comité, que hace de él un órgano subsidiario según el Derecho Internacional Público, con los consecuentes efectos en torno a la naturaleza jurídica de sus pronunciamientos.

El Comité, siguiendo fielmente la filosofía que inspira a la OIT, también es de composición tripartita, integrado equitativamente por representantes de los empresarios (empleadores), trabajadores y gobiernos nombrados de entre los miembros del Consejo de Administración de la Organización, del cual hace parte. Su finalidad consiste en “promover el respeto de los derechos sindicales de jure y de facto” , para lo cual examina los alegatos contenidos en las quejas que le son sometidas a su conocimiento por los gobiernos o por las organizaciones de trabajadores o de empleadores pertinentes, quejas que son tramitadas como “casos”.

El mandato del Comité consiste entonces en “determinar si una situación concreta desde el punto de vista legislativo o de la práctica se ajusta a los principios de la libertad sindical y de negociación colectiva derivados de los convenios sobre estas materias”. Recibida una queja en debida forma, el Comité la pone en conocimiento del gobierno concernido el cual, si corresponde, la comunicará a la organización de empleadores (en su mayoría son las organizaciones de trabajadores las querellantes) y al empleador pertinente, a efectos de recabar los comentarios respectivos, luego de lo cual elabora y remite a la OIT la respuesta respectiva. Basándose en los alegatos, las pruebas y eventuales misiones de contacto directo in situ, el Comité emite sus recomendaciones, contenidas en el informe correspondiente a cada una de sus reuniones, informe que es sometido a consideración del Consejo de Administración y aprobado por este.

Para adoptar su decisión, el Comité analiza los hechos en torno a los cuales giran los alegatos de la queja y determina si las conductas a que dichos hechos se refieren violan o no los principios relativos a la libertad sindical, tal y como el Comité ha entendido tales principios en casos anteriores sometidos a su conocimiento.

De ahí que en las recomendaciones correspondientes al caso sub examine, el Comité cite como fundamento de su decisión pronunciamientos anteriores emitidos en casos -se infiere- similares al actual. No obstante, el Comité se abstiene de efectuar análisis comparativos entre los hechos de dicho caso y los de aquellos casos que le sirven de fundamento.

En siguientes entregas continuaremos con el tema.

Hasta la vista...

Publicado en La República. Haga clic aquí para ver el artículo original.