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  • Gabriel Mesa

Actualizado: 5 de abr de 2020


Holanda es un país robado al mar; para sobrevivir, sus pobladores han construido unos fabulosos diques que le impiden a éste retomar lo que otrora fueran sus terrenos. Pero ahora, producto del cambio climático, el enemigo está en otra parte; justamente dentro del país. Así es, las lluvias torrenciales que se han abatido en los últimos tiempos sobre Europa han convertido a los ríos en el riesgo a tener en cuenta, pues se esperan crecidas que podrían inundarla desde dentro. Naturalmente que los holandeses, a diferencia de nosotros, ya se están preparando para enfrentar esos nuevos retos y no perder lo alcanzado con siglos de lucha contra el mar.

Y, bueno, qué tiene esto que ver con esta sección de Asuntos Legales;? Hombre, que cuando hay cambios en las condiciones del entorno, máxime si éstos son dramáticos, debemos reflexionar acerca de los diferentes efectos que ellos pueden tener en la operación de nuestras empresas, incluso en los aspectos legales, y en la forma adecuada de enfrentarlos. Y eso es justamente lo que está por suceder en Colombia con el famoso posconflicto.

Aclaremos algo: posconflicto podrá significar la paz con las Farc pero no necesariamente una erupción emocionada de paz social. Por el contrario, según estudiosos muy serios y competentes del tema, lo que se espera luego de la firma de los acuerdos es una inusitada exacerbación de la conflictividad social, política y, desde luego, laboral. En lo que a esta última se refiere, que es la que nos interesa para esta columna, se espera una radicalización ideológica de algunos actores con el consiguiente escalamiento y profundidad de los conflictos con los empresarios, con el natural impacto en la productividad y las utilidades de las compañías.

La pregunta, al igual que para los holandeses, es si los “diques” (quizás no resulta la expresión más adecuada, pero la usamos para seguir el ejemplo que traemos a colación) que hasta ahora han adoptado las empresas para gestionar su relacionamiento laboral y los conflictos asociados a él, resultan apropiados de cara a las nuevas condiciones que se avizoran.

Al menos preguntémonos si vale la pena plantearnos la inquietud. La paz no debe construirse a costa de la prosperidad empresarial que es la base de la riqueza estatal y las políticas sociales, pero son en buena medida los propios empresarios los responsables de que al interior de sus compañías esto no ocurra.

Obvio, la pregunta para los holandeses no es si sus diques son lo suficientemente seguros y fuertes; pues claro que sí lo son; la pregunta es si esos diques, así pensados y diseñados, sirven de algo cuando el agua no viene del mar sino de dentro. La respuesta en este caso es totalmente distinta y es justamente lo que los holandeses están estudiando, tal y como deberían estar empezando a hacerlo los empresarios colombianos, pues de seguro que por el otro lado ya han reflexionado bastante sobre los escenarios que le plantearán “al capital”.

Ha llegado la hora de pensar en estrategias altamente innovadoras, verdaderamente revolucionarias, de relacionamiento laboral en las empresas, que permitan responder exitosamente a los retos que más pronto que tarde les planteará el nuevo escenario político, social y legal colombiano que se ve venir, en el cual el mero cumplimiento de la legislación laboral no será suficiente para soportar los profundos e incluso sorprendentes cambios que se avizoran.

Hasta la vista...

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  • Gabriel Mesa

El inframundo debe ser un lugar aterrador: frío, tenebroso, plagado de sombras amenazantes y espantosos alaridos; un mundo sin reglas, salvaje, inhóspito. Nadie en sus cabales desearía pasar siquiera un minuto allí.

Y ¿qué tiene que ver semejante cuadro con la sección de Asuntos Legales? La respuesta es más asombrosa de lo que parece y está estrechamente relacionada con los medios de los cuales se valen las personas y ciertas organizaciones para cuestionar a las empresas. Pongamos el asunto en perspectiva para evitar confusiones. Paralelo al mundo de la legalidad y de la institucionalidad (nacional e internacional) en el cual dichos cuestionamientos se rigen por normas (societarias, ambientales, laborales, tributarias, corporativas, etc.) y se canalizan a través de procedimientos reglados ante autoridades legalmente constituidas, paralelo a ello, digo, existe el inframundo del boicot.

Ese mundo carece de reglas, de procedimientos, de jueces, de derechos y deberes de las partes, de lealtad procesal, de instancias; en fin, de claridad, transparencia e imparcialidad. No existe un “derecho del boicot” que regule la forma como las personas pueden activarlo y llevarlo a cabo; que garantice un adecuado derecho al debido proceso de la empresa; que respete el principio de la presunción de inocencia, que busque la justicia y no el ajusticiamiento.

Diariamente se activa cualquier cantidad de boicots contra diferentes empresas alrededor del mundo y aun cuando posiblemente algunos de ellos puedan ser justos en su causa, esta se desdibuja totalmente ante la absoluta falta de garantías para las empresas víctimas. Son muchos los ítems a considerar al abordar este espinoso asunto, pero uno de los más impactantes es la enorme dificultad que tienen las empresas para enfrentarlos adecuadamente, y ello por cuenta no solo de la mencionada ausencia de reglas, como también por la importancia decisiva que tienen las TIC en el desarrollo de esta práctica, que hace imposible para una compañía saber exactamente a qué público objetivo está impactando el boicot. A ello se agrega que dada la naturaleza misma de los boicots, ese público no termina haciendo justicia sino ajusticiando a las empresas.

Así como se echa de menos un derecho del boicot que regule esta forma de atacar una libertad y unos derechos, también se extraña la ausencia de un conocimiento sistematizado para enfrentarlo exitosamente. A lo anterior se agrega un elemento aun más perturbador y es el uso de las técnicas del neuromarketing para estructurar los boicots. El conocimiento sobre cómo los seres humanos tomamos las decisiones de compra ha avanzado a pasos gigantescos y hoy es una verdad que estas decisiones no son racionales sino emocionales; se conocen también cuáles son los estímulos que deben dirigirse a uno de los cuatro cerebros que tenemos, para cerrarle las puertas a las empresas en los mercados globales.

En mi experiencia como docente de posgrado en Derecho Laboral Internacional, he sondeado a algunos de mis estudiantes en torno a la forma como enfrentarían un boicot siendo asesores de empresas. He encontrado respuestas sorprendentes; quienes pobremente asumen el tema como algo simplemente anecdótico, otros que se aferran desesperadamente a las formas tradicionales de comunicación (comunicados de prensa, por ejemplo), y solo unos pocos que atinan a aportar algunas soluciones de fondo. El reto está planteado.

Hasta la vista.

Publicado en La República.

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  • Gabriel Mesa

Que hayan desistido de acudir a la Corte Internacional de Justicia no significa que el problema esté resuelto. Pongámoslo en términos claros: es cierto e indiscutible que ningún instrumento de la OIT regula el derecho de huelga. Por regla general, aquellos otros instrumentos internacionales que sí lo reconocen señalan expresamente que la reglamentación de este corresponde a las legislaciones nacionales.

Ahora, cuando el grupo de los empleadores ha puesto en cuestión el alcance interpretativo que la Comisión de Expertos ha dado al Convenio 87 en punto a la huelga, dicen los trabajadores que estos “entorpecen” la labor de la Comisión desde 2012.

Bonita manera de acallar el tripartismo del que tan orgullosos se sienten. También dicen que “la manera más <fácil> de solucionar esta controversia sería afirmando que las opiniones de la Comisión de Expertos ofrecen una interpretación dotada de autoridad de Convenio”.

La pregunta de fondo es, sin embargo, si del convenio 87 se colige o no el derecho de huelga y si ello dota a la Comisión -y al Comité de Libertad Sindical- de mandato para juzgar el contenido y alcance de las legislaciones nacionales que lo regulan e imponerles los ajustes que deben llevar a cabo para ajustarse a la dogmática de dichos órganos.

Resulta muy interesante el debate dado en la 323ª reunión del Consejo de Administración - marzo del corriente-, para esclarecer este punto. Para citar un par de ejemplos, el representante gubernamental de Alemania reconoció que “el derecho de huelga constituía una parte fundamental del convenio 87”, pero que “debía ser ejercido de conformidad con las circunstancias, la legislación y la práctica de los países”.

El representante gubernamental del Japón reconoció también que los órganos de control de la OIT deberían respetar, al momento de examinar los casos individuales relativos a la huelga, “las leyes y prácticas de cada país”. Más significativa fue, sin embargo, la intervención del representante gubernamental de Letonia, a nombre de los miembros de la Unión Europea: “también había hecho constar que el derecho de huelga no era un derecho absoluto (que es como pareciera entenderlo la Comisión de Expertos) y que su alcance y condiciones estaban reglamentadas a nivel nacional”.

Y es que los empleadores han hablado claramente en el sentido de reconocer el derecho de los trabajadores a “ejercer acciones colectivas en defensa de sus legítimos intereses laborales” pero, así mismo, que “la Comisión (de Expertos) debería evitar cualquier actividad normativa indirecta, habida cuenta de que la responsabilidad de establecer normas internacionales del trabajo recae exclusivamente en los mandantes de la OIT”.

Yo no entiendo cuál es la alharaca de los trabajadores. Desde 1953 las cosas se han dicho con total claridad (ver Actas de la 121ª reunión del Consejo de Administración, página 39) en las cuales se lee: “…cabría ser de opinión, como lo hacían por demás los autores de la Constitución francesa, que este derecho (de huelga) debería ser reglamentado. Sin embargo, no existía en materia del derecho de huelga reglamentación internacional alguna que autorizara a los órganos de la OIT para emitir un juicio sobre las reglamentaciones nacionales que determinado país pudiere haber establecido al respecto”. Esto no ha cambiado y punto.

Hasta la vista.

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